Domisfera

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) ha obtenido vía WIPO el dominio seguridadsocial.es (Caso DES2009-0014).

El Demandado fue Bryan Taylor, con domicilio en Florida y representado por Bufet Almeida. Los Demandantes intentaron, en primer lugar, la cancelación del dominio mediante el procedimiento de cancelación previsto en la normativa y que obtuvo un resultado favorable para el demandado.

El panelista único, Manuel Moreno-Torres, consideró que únicamente supuso un examen para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la asignación del mismo, ya que en caso de incumplimiento se procedería a su cancelación. Tales requisitos los cumplía debidamente el demandado, a tenor de la resolución de Red.es aportada que, resumidamente, consistía en averiguar si el titular registral carecía de intereses en España y/o si los datos que constaban en el Registro eran falsos o incorrectos. Sin embargo, en dicho análisis no se examinaba la legitimidad de las actividades desarrolladas.

El demandado alegó la falta de legitimación activa de los demandantes por entender que la legitimación la tendría una Administración Pública concreta o un Organismo Público concreto, pero en modo alguno “una parcela”, toda vez las parcelas no tienen sustantividad alguna en el ordenamiento jurídico público.

El panelista determinó que había quedado probado que los demandantes son las entidades gestoras del servicio común de la Seguridad Social Española. Los demandantes son titulares del derecho previo que consiste la denominación “seguridad social”, en cuanto que a través de ellos el Estado gestiona el derecho constitucional a la Seguridad Social e igualmente a través de ellos articula los medios que permiten dar efectividad al citado derecho.

Además los demandantes demostraron ser titulares de un derecho exclusivo al uso del término seguridad social. Derecho que es reconocido en el artículo 64 de la Ley General de la Seguridad Social, según el cual, “Ninguna entidad pública o privada podrá usar en España el título o los nombres de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de la adición a los mismos de algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, de las principales que los constituyen. Tampoco podrán incluir en su denominación la expresión Seguridad Social, salvo expresa autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración”.

La mayoría de las denominaciones que aparecen en la página web del demandado (vida laboral de la seguridad social, Jubilación Pensiones, Cálculo jubilación, Tarjeta de la Seguridad Social, Cotizaciones a la Seguridad social, oficina virtual de la seguridad social, etc.) hacen referencia a productos perfectamente identificables y reconocibles de la Seguridad Social Española, y sin que respecto de ellos se ofrezca nada ni exista vínculo alguno del demandado con ellos.

Los Demandantes consideraron que acreditaron la notoriedad del término seguridad social, lo que le permitió al panelista deducir que el demandado conocía perfectamente la existencia del éste, y que, en consecuencia, que el registro del nombre de dominio difícilmente obedeció a una actuación basada en la buena fe. Con dicho registro se pretendió un aprovechamiento indebido de la notoriedad del término seguridad social.

La web a la que apuntaba el dominio contenía numerosos enlaces a otras páginas web que publicitan servicios que nada tienen que ver con la Seguridad Social pudiendo el demandado estar percibiendo retribuciones por cada visita que se haga a dichas páginas web. Todo ello se consigue utilizando el término seguridad social.

El demandado afirmó que  tenía en firme un acuerdo con una empresa española para el desarrollo conjunto del  dominio en cuestión, por lo que consideraba que no hay duda sobre el interés legítimo en el mismo.

El panelista afirmó que la doctrina también ha establecido que el registro de un dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe. Esta práctica, por encontrarse fundamentada en un nombre de dominio renombrado, debe reputarse como de mala fe pues existe un aprovechamiento de la misma.

Concluye además que la solicitud de registro del nombre de dominio y su uso posterior se basó en la propia notoriedad del derecho previo Seguridad Social de manera que el registro del dominio en litigio se produjo de mala fe.